Aumento del fraude en la venta de carburantes en España

Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

La industria de los hidrocarburos en España enfrenta un incremento notable en las prácticas fraudulentas, especialmente tras la implementación de un paquete de medidas por el Gobierno el pasado 28 de diciembre, diseñadas para contrarrestar exactamente este tipo de actividades.

Contrario a las expectativas, la moratoria de tres meses para regular la venta entre distribuidores ha provocado un aumento en las operaciones ilícitas por parte de operadores piratas, afectando significativamente la distribución de hidrocarburos.

Este incremento ha llevado a que aproximadamente el 8% de las gasolineras en España ofrezcan precios por debajo del umbral mínimo de rentabilidad del sector, lo que podría implicar el 10% de las ventas totales​​​​.

Medidas del gobierno y reacción del Sector

Ante esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de la vicepresidenta Teresa Ribera, ha identificado la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de la legislación vigente. La rápida transformación del mercado de los hidrocarburos líquidos ha introducido modelos de negocio que no estaban contemplados en la redacción original de las leyes y sus modificaciones posteriores, lo que ha facilitado la comisión de fraudes.

La respuesta del Gobierno incluye la reforma legal que refuerza la capacidad de sanción contra las empresas que evaden sus obligaciones fiscales y regulatorias, y modifica la regulación para los distribuidores al por menor, prohibiendo su suministro a otras compañías distribuidoras​​​​.

Impacto en la competencia y desafíos de regulación

La competencia desleal generada por estas operaciones anómalas ha sido señalada tanto por la patronal de las grandes petroleras, AOP, como por asociaciones de gasolineras 'low cost', evidenciando un consenso en el sector sobre el daño que estas prácticas representan.

La AOP ha propuesto medidas como la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad y la aplicación inmediata del régimen sancionador de la ley de hidrocarburos, abriendo expedientes a las entidades que no cumplan con su obligación de venta de biocarburantes​​.

El Gobierno y el sector están en un momento crítico, buscando equilibrar la regulación para asegurar la competencia leal y la protección del consumidor, sin estancar la innovación y la eficiencia del mercado. Las operaciones policiales y de la Agencia Tributaria contra el fraude del IVA y el incumplimiento en el uso de biocarburantes han resaltado la complejidad del problema, mostrando que es un desafío multifacético que requiere una solución integral que aborde tanto la regulación como la vigilancia y la sanción efectiva de las prácticas ilícitas​​​​​​.

El aumento del fraude en el sector de los carburantes en España pone de manifiesto la urgencia de adaptar la legislación y las prácticas de regulación a la realidad actual del mercado.

La colaboración entre el Gobierno, las autoridades reguladoras, y los actores del sector es fundamental para diseñar un marco que prevenga eficazmente el fraude, proteja a los consumidores y asegure una competencia justa y transparente.