La Justicia rechaza la obligación de presentar la renta electrónicamente impuesta por hacienda

María Jesús Montero La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda
María Jesús Montero La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda

Fallo de la Audiencia Nacional Contra Hacienda 

La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia contraria a la Orden de Hacienda del 28 de marzo de 2023, que eliminaba la opción de presentar la declaración de la Renta en papel, obligando a los contribuyentes a hacerlo exclusivamente de forma electrónica. Esta sentencia sigue la línea de una decisión anterior del Tribunal Supremo que ya había rechazado una medida similar de Hacienda para la Renta de 2018.

Antecedentes y Recurso de Aedaf

 La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) interpuso un recurso contencioso-administrativo en mayo de 2023, apelando a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que garantiza el derecho, pero no la obligación, de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración. La sentencia, redactada por la magistrada Concepción Mónica Montero, respalda esta posición, reafirmando que la relación electrónica no puede ser impuesta como una obligación general a todos los contribuyentes.

Reacción del Gobierno y Posible Conflicto Institucional 

A pesar de los fallos judiciales, Hacienda insiste en la presentación electrónica del IRPF. En una maniobra reciente, el Gobierno introdujo una modificación en la Ley del IRPF mediante un Real Decreto-ley, estableciendo la obligación de presentación electrónica, asegurando al mismo tiempo la atención personalizada para quienes necesiten asistencia. Esta acción ha generado críticas, especialmente de Esáu Alarcón, abogado fiscalista y profesor de Derecho Tributario, quien acusa al Gobierno de ignorar la fundamentación jurídica de la sentencia del Supremo y actuar en beneficio propio.

La decisión de la Audiencia Nacional representa un revés importante para Hacienda, reafirmando el derecho de los ciudadanos a elegir cómo relacionarse con la Administración. La respuesta del Gobierno, modificando la ley para adecuarla a sus intereses, plantea un conflicto institucional y pone en evidencia la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial en España.