Nueva evaluación del desempeño para funcionarios: Sin efectos en los primeros dos años

Nueva evaluación del desempeño para funcionarios
Nueva evaluación del desempeño para funcionarios

El Gobierno introduce reformas en la Administración pública que podrían alterar el estatus laboral de los funcionarios. Aquí los puntos más destacados:

Nuevas evaluaciones y consecuencias

  • Valoración anual: Se implementará una prueba anual para valorar el desempeño de los empleados públicos, con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento laboral.

  • Impacto en el empleo: Los resultados de estas evaluaciones podrían influir en la continuidad del puesto laboral del funcionario, pudiendo perder su empleo en casos de valoraciones negativas, aunque no su condición de empleado público.

  • Revisión y efectos positivos: Ante una valoración positiva, el funcionario podría recibir retribuciones adicionales o avanzar en su carrera profesional. También se contempla la posibilidad de requerir formación adicional.

Período de transición

  • Dos años de transición: Durante los dos primeros años tras la implementación, las evaluaciones no tendrán consecuencias, ni positivas ni negativas, para los funcionarios, independientemente de sus resultados.

  • Progresión y ascensos: Se establece un sistema de progresión mediante ascensos en cuatro tramos, sin necesidad de cambiar de puesto. Se requerirán periodos mínimos de servicios efectivos para ascender a tramos superiores.

Nombramiento del personal directivo y ofertas de empleo

  • Paridad de género: El nombramiento de personal directivo deberá garantizar un equilibrio entre hombres y mujeres, según la futura ley de paridad.

  • Convocatorias y plazas vacantes: Las convocatorias de empleo público deben publicarse en el mismo año que la oferta de empleo y ejecutarse en un plazo máximo de dos años. Vacantes no cubiertas podrán ser convocadas nuevamente.

  • Inclusión y diversidad: Se promueve la inclusión con un mínimo del 10% de plazas reservadas para personas con discapacidad y un objetivo de alcanzar un 2% de efectivos en la Administración con discapacidad.

Estas reformas, si bien se presentan como medidas para mejorar la productividad y el rendimiento, plantean interrogantes sobre su aplicación y efectos a largo plazo en el ámbito laboral de los funcionarios públicos en España.