Sanidad impulsará ley de universalidad para garantizar acceso sanitario a migrantes no empadronados

Mónica García, ministra Sanidad
Mónica García, ministra Sanidad

Nueva legislación para la cobertura sanitaria universal

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la próxima aprobación de una ley de universalidad en el sistema sanitario español. Esta ley tiene como objetivo principal permitir a los migrantes sin padrón el acceso a los servicios sanitarios, en respuesta a la actual controversia sobre el empadronamiento y la dificultad de acceso a la tarjeta sanitaria. García enfatizó que la sanidad pública, como pilar esencial del Estado del bienestar, debe ser universal para promover la igualdad y la cohesión social, asegurando que esta será una de sus prioridades.

La necesidad de esta ley surge en el marco de la reforma del 2012, implementada por el PP, que excluyó a los inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema sanitario. Esta exclusión fue parcialmente revertida en 2018; sin embargo, la norma requería un informe de los servicios sociales para que los migrantes 'sin papeles' accedieran al sistema sanitario.

En los primeros nueve meses de 2023, se han documentado 17.000 casos de barreras al acceso a la sanidad pública, afectando a 8.809 personas, incluidos menores y embarazadas, según Médicos del Mundo.

Impacto social y necesidad de justicia sanitaria

García, en su comparecencia ante el Congreso, describió la exclusión sanitaria como "inadmisible y cruel". La ministra argumentó que la nueva ley busca garantizar una cobertura sanitaria universal, equitativa y de calidad para cada persona en España. Esta iniciativa no solo busca beneficiar a migrantes sin padrón, sino también a personas vulnerables afectadas por los copagos.

El caso del ayuntamiento de Ripoll, que ha dificultado el empadronamiento de inmigrantes bajo la gestión de la alcaldesa ultra Sílvia Orriols, resalta la importancia de esta legislación. La ley de universalidad busca superar estos desafíos locales y asegurar que el acceso a la sanidad no esté sujeto a la discrecionalidad de las administraciones locales.