El Tribunal Supremo dictamina sobre embargos a ayudas a autónomos y trabajadores en ERTE

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En una decisión relevante para autónomos y trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el Tribunal Supremo ha establecido que las ayudas económicas que reciben pueden ser objeto de embargo para saldar deudas, siempre respetando el umbral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Nueva interpretación legal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto que las ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos y aquellos en ERTE no gozan de una inembargabilidad plena. Esto se ha determinado al equiparar las ayudas recibidas con el SMI, estableciendo que solo podrán ser embargadas las cantidades que excedan este mínimo vital.

La decisión surge tras revisar el caso de un trabajador en ERTE de Cantabria, cuyas ayudas fueron embargadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para cubrir deudas pendientes, considerando estos pagos como ingreso patrimonial susceptible de embargo.

Jurisprudencia y límites al embargo

El fallo del Supremo aclara que los límites al embargo de salarios, pensiones, y ayudas similares están claramente delineados en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que protege el mínimo vital del deudor. Esto implica que, aunque las ayudas puedan ser embargadas, debe asegurarse que el deudor mantenga una cantidad equivalente al SMI para sus necesidades básicas.

La controversia judicial comenzó cuando el Gobierno de Cantabria desafió la decisión de la TGSS, llevando el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que inicialmente falló a favor del ejecutivo regional, limitando el embargo a lo establecido por la ley. Sin embargo, tanto el gobierno regional como la TGSS recurrieron esta decisión, llevando el asunto ante el Tribunal Supremo, que finalmente rechazó ambos recursos, confirmando la legalidad de embargar las ayudas con las restricciones mencionadas.

Protección del Mínimo Vital

El Tribunal Supremo enfatiza la importancia de proteger el mínimo vital del deudor, argumentando contra el embargo total de las ayudas, ya que esto contradiría el propósito de las subvenciones: mitigar las consecuencias económicas adversas para trabajadores afectados por la crisis del COVID-19. La sentencia subraya la necesidad de equilibrar los derechos patrimoniales con la protección de la dignidad y las necesidades básicas del individuo y su familia.

Este fallo del Tribunal Supremo marca un precedente importante en la interpretación de las leyes sobre embargos, destacando la protección del mínimo vital frente a las obligaciones de deuda, al tiempo que permite a la TGSS ejecutar embargos dentro de los marcos legales establecidos.