El veto del PP a la senda fiscal complica los presupuestos de 2024 en España

María Jesús Montero Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda
María Jesús Montero Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda

El proceso presupuestario de España para 2024 enfrenta un desafío sin precedentes tras el veto del Partido Popular (PP) a la senda fiscal propuesta por el Gobierno, una situación que podría llevar la tramitación de las cuentas públicas a un escenario nunca antes explorado, marcado por la incertidumbre legal y potenciales conflictos judiciales.

Rechazo en el Senado y consecuencias inmediatas

El Senado, donde el PP ostenta la mayoría, ha rechazado los objetivos de estabilidad del Gobierno, anulando así los avances logrados desde diciembre en la tramitación de los presupuestos para 2024. Este rechazo obliga al Gobierno a reiniciar el proceso presupuestario, retrasando aún más un proyecto ya de por sí tardío.

Un segundo veto del PP, ya anticipado, sumergiría la tramitación en un "terra ignota", un territorio desconocido donde el Ministerio de Hacienda buscará impulsar el proyecto presupuestario basándose en un informe no divulgado de la Abogacía del Estado. Este escenario plantea severas consecuencias para comunidades autónomas y ayuntamientos, y previsiblemente culminará en una batalla legal.

Establecimiento de nuevos objetivos fiscales

A pesar de un techo de gasto récord aprobado en diciembre, los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria, que buscan reducir el déficit público y la deuda, enfrentan obstáculos para su aprobación. Las cifras propuestas, incluida una reducción del déficit al 3% para 2024, fueron inicialmente aprobadas en el Congreso pero encontraron un obstáculo insuperable en el Senado.

Implicaciones para las Comunidades Autónomas y el Gobierno central

La senda fiscal rechazada tenía implicaciones directas para la distribución del déficit entre la Administración Central, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El rechazo del Senado pone en riesgo la capacidad de estas entidades para planificar sus presupuestos de 2024, con potenciales restricciones de gasto y la necesidad de elaborar planes de reequilibrio.

Respuesta del Gobierno ante el veto

Ante un segundo veto, el Gobierno tiene previsto promover los mismos objetivos de déficit y deuda, confiando en una nueva aprobación en el Congreso y enfrentando de nuevo el desafío en el Senado. Este paso podría llevar a la utilización de objetivos de estabilidad previamente enviados a la Comisión Europea, más estrictos que los propuestos inicialmente, exacerbando las tensiones entre diferentes niveles de gobierno.

La posibilidad de una impugnación judicial por parte del PP, la incertidumbre sobre la legalidad de proceder sin una senda fiscal aprobada y la estrategia del Gobierno de apoyarse en informes legales para avanzar en su proyecto presupuestario, señalan hacia un periodo de turbulencia política y legal. Este conflicto no solo pone a prueba la estabilidad del Gobierno de coalición sino que también amenaza con retrasar significativamente la implementación de los presupuestos para el próximo año.